Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
DERECHO
PENAL 1 - CÁTEDRAS 2 y 3
Por Ernesto E. Domenech
Una primera
manera de enfrentar los problemas que plantea la interpretación de los textos
legales es hacer un inventario de los factores que impiden percibirla con
claridad.
A estos
factores vamos a referirnos como obstáculos, para advertir y analizar la
interpretación. Y su significación no es pequeña pues detrás de los problemas
de interpretación de un texto legal se libran verdaderas batallas que implican
un claro ejercicio del poder, a punto tal, que numerosos autores coinciden en
mostrar de qué manera al interpretar un texto legal se llevan adelante claros
contenidos de política criminal.
1. Algunos obstáculos para pensar la interpretación
Al menos dos
obstáculos para advertir y analizar la interpretación pueden ser reseñados en
nuestra tradición jurídica.
El primero de
ellos se refiera a cierta forma de entender los textos legales como una suerte
de lengua perfecta, construida como la del Dios de Catecismo, un ser
sobrenatural que todo lo prevé y lo resuelve, que nada deja dispuesto al azar,
que nada a omitido regular, y que jamás habrá de contradecirse ni repetirse.
Esta concepción de la Ley , casi una Ley Sagrada,
oculta significativamente los procesos de su interpretación, pues es claro que
en semejante texto, la interpretación no es en absoluto necesaria.
Esta imagen de la ley suele ser
completada con metáforas como: “La
Ley dice”, que nos muestra a la ley como un ser autoparlante.
Estas concepciones anidan en no pocos
Tratados Dogmáticos del Derecho, y en sus más brillantes expositores.
El segundo obstáculo, en cambio, alude
no ya a los textos legales, sino a sus intérpretes. Tanto a los Jueces como a
los Teóricos del Derecho. Y no es imposible relacionarlo con el anterior.
Podemos denominarlo como la afirmación del Juez como un Lógico, o la del
dogmático como un científico. Es esta una concepción muy vinculada
históricamente a las ideas de la
Modernidad , y en especial a aquella que sostuvo la necesidad
de dividir los Poderes del Estado. En este sentido al Poder de Juzgar no podía
reconocérsele la Facultad
de Legislador, sino solamente la facultad de aplicar la ley, y comportarse como
si fuera un Lógico. Un sujeto que construye razonamientos, cuyas conclusiones
–las sentencias- estuviesen fundadas en una premisa mayor –la ley- y una
premisa menor –el caso-. Como puede advertirse en esta faena “lógica” los
problemas de la interpretación de la ley no tienen cabida. Se trata de una
imagen muy interesante de la faena de los jueces, pues les exige racionalidad
lógica en sus decisiones, pero que de ninguna manera agota toda la tarea que se
hace al sentenciar.
Más
contemporáneamente, otro obstáculo que impide detectar las tareas de
interpretación es considerar al doctrinario que interpreta la ley como un
científico que encuentra significados “verdaderos”. Pues si las
interpretaciones son únicas y verdaderas, en realidad se niega la existencia de
los problemas que las provocan y relativizan.
Enunciados
estos obstáculos. ¿cómo superarlos?
Renunciando a
las imágenes seductoras y míticas que nos sugieren, es decir, abandonando la
idea de que la Ley
es Perfecta, y los Jueces Lógicos.
Si se advierten las dificultades que
poseen los conjuntos normativos derivadas tanto del lenguaje natural con que se
construyen, como de las características de las regulaciones realizadas –contradicciones,
redundancias, lagunas-, la interpretación aparece como una tarea fatalmente
necesaria.
Ahora bien, ¿qué significa interpretar
un texto legal? Y ¿cómo distinguir esta tarea de otras que se pueden hacer con
los textos legales?
Convendrá usar la frase “interpretar un
texto” al asignarle un significado al mismo, sea a través de la su connotación,
como analizando la inclusión de un caso en su denotación.
Pero toda esa faena se complica
precisamente por las especiales dificultades que plantean los conjuntos
normativos, como ya hemos visto. Y son estas dificultades las que posibilitan
enunciar los problemas que la interpretación intenta resolver. Con la
precisión, claro está que nunca habrá soluciones univocas, y nunca los
problemas habrán de resolverse de una vez y para siempre. Pues las soluciones
de estas dificultades se harán nuevamente con palabras que proceden del
lenguaje natural, que volverán a plantear nuevos problemas.
Y distinguiré esta tarea de otras que
se pueden realizar con los textos legales, como por ejemplo, “usarlos”.
Claro está que la noción “uso” de un
texto puede ser ambigua.
Algunos autores, como Eco, por ejemplo,
refieren la noción de uso de un texto, para referirse a aquellas tareas que
realizan, por ejemplo los psicoanalistas con las palabras de los pacientes que
curiosamente denominan ellos “interpretarlas”, es decir, desviarlas de su
significación habitual para que aludan a situaciones diversas, el inconsciente por
ejemplo.
Otras veces, se emplea la palabra “uso”
de un texto para aludir a las interpretaciones desmesuradas, sin respetar las
fronteras de los textos para instaurar en los procesos de significación.
Sin embargo, aquí emplearé la palabra
“uso” de un texto, para referirme al empleo del mismo para resolver un caso,
siempre que no se aluda a su significación en forma explícita.
En muchas ocasiones se juzgará a una
persona como “peligroso para si o para terceros”, pero no se asigna un
significado a la “peligrosidad”, y lo mismo ocurre en el ámbito del derecho de
los niños con expresiones de particular vaguedad y ambigüedad.
En todos estos casos es una tarea
compleja desentrañar cual fue la significación que en su asignación se ha
realizado.
En ocasiones el “uso” así entendido de
un texto, está relacionado a ciertas rutinas en su administración, a ciertas
prácticas o formas de realizar una secuencia no enunciada de actos que se ponen
en funcionamiento para usarlo.
Caracterizada de este modo la
interpretación, deseo precisar algunas “clasificaciones” que se intentan de
ella.
Una primera clasificación, se puede
realizar teniendo en cuenta quién es el que interpreta. Y de este modo se pueden
reconocer interpretaciones hechas por miembros de los poderes públicos, o por
ciudadanos. Y dentro de los primeros, por el Poder Legislativo a través de
Leyes, o Jueces a través de Sentencias, o por integrantes del Poder
Administrador por medio de resoluciones o disposiciones.
Cuando es el Poder Legislativo el que
interpreta, suele emplearse la expresión “interpretación auténtica” a su tarea.
Y claramente esta interpretación implica la creación de una nueva ley, que por
supuesto, pretende ser imperativa. En estos casos una ley asigna significado a
otra.
La interpretación que de los textos
legales realizan los jueces se denomina “interpretación judicial”, que para el
caso en que se falla, es una interpretación imperativa. Sin embargo, ¿pueden
las decisiones de los Jueces exceder el margen estrecho del caso en el que se
han adoptado? Este interrogante suele ser estudiado al analizar las denominadas
“fuentes del derecho” y en especial para aludir a la jurisprudencia como fuente
de derecho. En la tradición del common law, las decisiones judiciales asumen
pleno valor a través de la denominada “doctrina del stare decisis”, es decir,
la obligatoriedad del precedente judicial. En nuestra tradición,
romano-canónica, el valor de la jurisprudencia, su imperatividad ha sido motivo
de serias discrepancias. Sin embrago, existen leyes que han intentado imponer
la obligatoriedad de las doctrinas de ciertos tribunales. Las Cámaras de
Apelación a través de la imperatividad de los denominados “fallos plenarios”, o
los más recientes Tribunales de Casación o Cámaras de Casación en el fuero
penal. Por otro lado también existen precedentes judiciales que afirman la
imperatividad de las desiciones de los Tribunales más importantes, y otros que
rechazan tal posibilidad.
Otra posibilidad de asignación de
significado a ciertas palabras legales proviene de los Poderes Administradores,
un tema que también ha dado pie al debate, y que se suele abordar a través del
concepto de “normas penales en blanco.”
Si buscamos otros sujetos que
interpretan las leyes, dos al menos fuera de los Poderes del Estado parece
necesario tener en cuenta, por un lado los dogmáticos, o doctrinarios, y por
otro los ciudadanos.
Los primeros han legitimado la
dogmática afirmando la necesidad de contar con una base cierta de
interpretaciones que ellos proveerán de una manera sistemática. Sin embargo,
distintas dificultades posee esta afirmación:
1) La primera radica en que las
interpretaciones que se realizan en el ámbito doctrinario no son obligatorias.
Poseen si importancia y hasta “peso” diría, en las decisiones judiciales, no
obstante lo cual, miradas desde las normas, las interpretaciones que realizan
los teóricos no son obligatorias.
2) Por otro lado, y mas allá de su
obligatoriedad, es claro que los autores frecuentemente disienten entre si
sobre los modelos de interpretar un problema que planteen los textos de la ley,
de manera que no es sencillo concluir que puedan eliminar las incertidumbres y
procurar la seguridad jurídica.
3) Por último, debe tenerse en
cuenta una dificultad al analizar estas formas de interpretar la ley que
consiste en su condición de “interpretaciones encubiertas”, como ya lo hemos
reseñado. Y este carácter hace necesario previamente “visibilizarlas” para
analizar sus fundamentos y argumentaciones. Una forma de encubrir la
relatividad de las interpretaciones consiste en sostener su “cientificidad”, es
decir, su estatuto “científico”, pero, con las precisiones ya formuladas podrá
advertirse la dificultad en determinar una interpretación “verdadera”.
Resta presentar ahora las incidencias
de los problemas de la interpretación cuando quien lo hace es un simple
ciudadano que puede ser, entre otras cosas, sujeto activo o pasivo de un
delito.
En este sentido es indispensable tener
presente los problemas de la interpretación de las leyes penales o no, al menos
en dos temas. El primero de ellos se relaciona con los posibles “errores” que
cometa una persona de un delito. En este sentido estos errores se han analizado
con motivo de las llamadas “causas que excluyen la culpabilidad”, a propósito
del error de derecho, que luego se verá con detalle y que ha tenido y tiene un
tratamiento extenso en la literatura teórica.
Por otra parte, las interpretaciones
de una regla cobran especial relevancia cuando se asocian a ciertas figuras
delictivas que implican, de alguna manera, aplicar esa regla. Tal el caso, por
ejemplo, del prevaricato del juez o del abogado, o de los incumplimientos de
los deberes de funcionario público. En estos casos, ¿qué hacer cuando un juez
ha aplicado una regla interpretada por él, cuando esta regla es interpretada de
manera disímil por otro u otros tribunales?
O ¿cómo resolver el caso de un funcionario público que según su
interpretación de una ley la ha cumplido, cuando esta ley posee, además, otra
interpretación según la cual aquel funcionario no lo ha hecho? No es mi
propósito dar ahora una respuesta acabada a estos problemas que bien pueden
leerse en los Tratados. Sí en cambio que, en esta instancia se perciba la
relación entre las dificultades de la interpretación y ciertas figuras
delictivas.
Otras clasificaciones de los procesos
de interpretación pueden relacionarse con las actitudes de quienes interpretan
los textos legales y las argumentaciones que pueden emplear.
Veamos primero los distintos tipos de
argumentaciones utilizadas y luego las actitudes de los intérpretes.
A
continuación entonces, analizaremos las actitudes de los intérpretes. Ha sido
el Profesor Nino quien se ha referido a ellas para explorar las vinculaciones
que pueden existir entre los objetivos de una ley o una disposición legal o de
un intérprete y el texto mismo.
Así discrimina, por ejemplo, las
actitudes finalistas de las ritualistas o formalistas.
En las primeras, son los objetivos del
intérprete los que predominan aún por sobre los límites que pueda plantear un
texto legal.
En las actitudes ritualistas, es el
texto legal el que predomina por sobre los objetivos que pueda haber tenido el
mismo texto. En este aspecto, entonces, el apego ritual al texto legal puede
traicionar los objetivos o motivaciones que tuvo.
Claro que esta clasificación supone que
la existencia e individualización de los fines de una regla o disposición, y
también la existencia de límites a las faenas del intérprete por parte de los
textos legales.
Sin embrago, ninguna de ambas
cuestiones es sencilla.
Los fines de una ley no siempre están
enunciados ni poseen un vocero que los enuncie. En consecuencia, las
disidencias en una interpretación se trasladan a las discrepancias sobre los
fines de una regla. Así, por ejemplo, se han sostenido distintos fines que
justifiquen el agravar el robo mediante el empleo de armas, y estos fines
diversos han sido argüidos para resolver ciertos casos problemáticos como el
empleo de armas de juguete, o armas rotas o descargadas. Para uno, el fin del
agravamiento radica en el mayor peligro que corren efectivamente las victimas,
y entonces, aquellos casos donde se utiliza un arma rota, o de juguete, o
descargada, no deben ser considerados como casos de agravación. Para otros, en
cambio, el motivo es el mayor temor que sienten las victimas, y opinan por lo
tanto, que en todos estos casos debe agravarse el robo.
Resta ahora referirnos a los límites de
la interpretación.
2. ¿Posee límites la interpretación?
El interrogante
que sugiere este título puede ser contestado desde diferentes perspectivas.
La primera es
dilucidar si los problemas de interpretación de un texto se resuelven de una vez
y para siempre.
Y en este aspecto no parece sensato
responder de una manera afirmativa, ya que los criterios que se empleen para
interpretar una regla, también estarán enunciados en “lenguaje natural”, de
modo que es esperable que aguarden al intérprete con nuevas ambigüedades,
vaguedades o textura abierta. Este proceso suele denominarse como semiosis
ilimitada, de manera entonces que no puede esperarse que las interpretaciones
de un texto legal resuelvan sus problemas de una vez y para siempre.
Otra perspectiva para analizar los
límites de la interpretación radica en saber si todos los términos de un texto
pueden ser acabadamente definidos.
Y aquí la respuesta es negativa, ya que
una interpretación que quisiese caracterizar y definir todos los términos
empleados en un texto o en sus interpretaciones, seria una empresa infinita.
Para que tal faena no sea infinita, es necesario convenir que algunos términos
habrán de no ser definidos.
Por último, otra perspectiva para
analizar los límites de la interpretación es verificar si es posible que, de
alguna manera, los textos legales planteen fronteras a los intérpretes más allá
de las cuales se considere que éstos no los han aplicado.
Estos límites existen para aquellos
que introducen la noción de uso de un texto para referirse a aquellas
interpretaciones desmesuradas.
Eco, por ejemplo, piensa que un texto
–no se refiere a los legales, pero su análisis es aplicable a éstos- puede
poseer más de una interpretación posible, pero que también poseen fronteras, de
manera que no es indiferente que un texto exista o no. Un texto que no tuviese
límites para su interpretación sería claramente un texto innecesario. Los
límites que un texto plantea entonces no son límites precisos, son zonas
imprecisas, pero limitan al fin y al cabo.
Claro que para las actitudes
finalistas, estos límites no interesan
en lo absoluto, y para las ritualistas pueden ser fronteras que traicionen los
propios objetivos de una ley. Y en ambos casos se coopera de modo significativo
a la producción de anomia social.
Entre ambas existe el desafío de
interpretaciones razonables y fundadas que no oculten el problema que intenta
resolver, aceptando la precariedad de los textos legales, y sin pretender dar
respuestas que presuman de encarnar verdades eternas.
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